Este miércoles 22 de enero, autoridades judiciales confiscaron los teléfonos móviles de cuatro funcionarios debido a la investigación en curso por el caso Madre Patria.
Los que quedaron sin teléfonos fueron Carlos Ávila, viceministro de Transporte; Leslye Bojorges, diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Gabriela Jiménez, Alcaldesa de San Ramón y Marlene Luna, Presidenta Ejecutiva del Instituto de Asesoría y Desarrollo Municipal (IFAM).
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En el caso Madre Patria se investiga un presunto fraude registral en el que los sospechosos aparentemente se apoderaron de inmuebles pertenecientes a adultos mayores y extranjeros y los pusieron a nombre de terceros. Las investigaciones sugieren que la pandilla recibió ayuda de funcionarios.
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Según conoció La Teja, ningún funcionario impidió la entrega de sus celulares, el decomiso fue ordenado por un juez y el OIJ quedó bajo la dirección del Ministerio Público.
Los casos de Madre Patria fueron allanados en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas el 25 de junio del año pasado, con abogados, agentes de la policía de tránsito, un juez y dos líderes de pandillas españolas entre los arrestados. Apellidos León Muñoz y Gómez González.
Más de 35 personas están bajo investigación por el caso, 20 se encuentran en prisión preventiva.
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